CARLOS ARRIBAS El País.com
El tercer caso, el de José Luis Blanco, ya fue demasiado para la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), que decidió, por fin, intervenir ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra lo que cree una aplicación exagerada, y automática en España (como un mero trámite, un papel más), de la posibilidad, plasmada en la Ley Antidopaje, de dejar en la mitad una sanción por dopaje a los deportistas que demuestren su colaboración activa con las autoridades en la investigación de las tramas. Con el recurso de la IAAF contra sendas decisiones de la federación española (apremiada, según sus dirigentes, desde el Consejo Superior de Deportes), la voluntad de las autoridades españolas de luchar sinceramente contra el dopaje queda una vez más en entredicho.
Las reducciones, de dos a un año, recurridas son, según fuentes de la IAAF y del TAS, las de la maratoniana Yesenia Centeno, sancionada en junio de 2009 tras un positivo por un anabolizante y un diurético (volvió a competir en diciembre de 2010), y la del marchador Paquillo Fernández, detenido en la Operación Grial en noviembre de 2009 con la nevera llena de productos dopantes y sancionado desde febrero de 2010 (volvió a competir, ganando el Campeonato de España, en marzo de 2011). Aunque hoy ambos ya habrían cumplido su sanción completa sin la reducción aplicada, si el TAS da la razón al IAAF, correría peligro su participación en los Juegos Olímpicos de Londres, pues podría ordenarles comenzar a cumplir de nuevo el año perdonado. Un posible recurso sobre Blanco (3.000 metros obstáculos) está en estudio.
A mediados de diciembre, el Comité Español de Disciplina Deportiva (CEDD) concedió a Blanco, sancionado dos años por dopaje hasta el 26 de octubre de 2012, una suspensión cautelar, pues el abogado del atleta, José Rodríguez (el mismo de Paquillo y Yesenia), presentó un certificado de un teniente coronel de la Guardia Civil como prueba de su colaboración. En realidad, lo único que certificaba es que Blanco declaró como testigo tras su positivo por EPO porque, después de unas escuchas telefónicas, se investigaba a su médico. Confesó que había comprado (y dónde) y consumido EPO. Esa fue su colaboración. A los pocos días, la IAAF, alarmada, se puso en marcha. Empezó a revisar otros casos y sus dudas aumentaron.
El máximo organismo del atletismo comprobó, por ejemplo, cómo la colaboración obligada de Paquillo era de un calibre similar o inferior al de Blanco, pues su confesión fue limitada (admitió la tenencia de sustancias dopantes, pero negó su uso, pues habría perdido sus medallas mundiales y olímpica) y, según fuentes de la Guardia Civil, que lo interrogó, apenas permitió avanzar en la desarticulación de la trama supuestamente dirigida por Walter Virú desde Valencia.
El caso de Yesenia es diferente, pues la atleta, de 40 años y origen cubano, respondió a una llamada de agentes que, guiados por otras confesiones de deportistas sancionados, investigaban al médico que le proporcionaba sustancias dopantes. Les aportó los planes de dopaje que le preparaba el sospechoso y los productos de su nevera.También denunció que se los había vendido él en persona.
Desgraciadamente para ella, la juez archivó el caso contra el médico, con lo cual una de las exigencias de la IAAF, que la calidad de la colaboración se valore por las consecuencias (número de detenidos o sancionados) de su denuncia, quedaba en suspenso.
Es el suyo el caso más avanzado. Ella ha declarado ante los abogados de la IAAF y, por vídeoconferencia, para precisar su colaboración, también lo ha hecho el inspector de policía que dirigió la investigación.
En el fango
Cuando hace unas semanas se quedó embarazada de su segundo hijo, menos de dos años después de tener a Laura, lo primero que pensó Loli Checa, atleta valenciana de 29 años (así se lo dijo a su entrenador, Antonio Serrano), fue que era una mala noticia, un fastidio tremendo para su carrera profesional, pues le obligaba a parar todo 2012, año olímpico. Lo primero que pensaron algunos de sus colegas becados en la Residencia Blume (así lo expresaron en un foro de Internet) fue que el embarazo era una disculpa inventada para tapar una supuesta sanción y que todo era muy sospechoso. Así está el atletismo español. En el fango moral.
El verano en que corrió, en junio, en los Bislett de Oslo, uno de los mejores 5.000 metros de nuestro atletismo, 14m 46,30s, marca que repitió un mes después en París, la atleta de Silla fue baja por cansancio en agosto en los Mundiales de Daegu. En 2012 le acuciaba, pues, la necesidad casi íntima de repetir sus buenas marcas, de estar fuerte en Londres. Esa era su pena, que el embarazo no se lo permitiera; más aún, que alguien dudara de su pureza.
Como Loli, Alessandra Aguilar es entrenada por Antonio Serrano, que siempre ha mostrado públicamente su rechazo frontal a la idea del dopaje y ha denunciado sus males. Esas mismas palabras, y las de Aguilar, otra que no ha dudado en reclamar sanciones más duras para los tramposos, se han vuelto obviamente (estamos en el fango, que todo lo enfanga) en su contra llegado el momento del positivo “ingenuo” de la maratoniana gallega.
A Serrano, en la pista, las miradas duras de gente como Nuria Fernández, implicada en la Operación Galgo, que cree llegado el momento de su venganza y le recuerda que ella nunca ha dado positivo y que, en el fondo, todos son lo mismo, se le juntan con preguntas de gente que cree dañada su credibilidad a las que Serrano no sabe, o no puede, responder sin que se dude de su sinceridad. ¿Por qué tienen un médico privado, el mismo, Javier Núñez, de Talavera, varios de los atletas que él entrena cuando allí mismo, en la Blume, tienen a su disposición a los médicos de la federación?, le inquieren. ¿Qué encuentran en Talavera que no tengan en Madrid? ¿Por qué todos ponen en su petición de ficha que su médico es el de la federación y no Núñez? ¿Por qué, con todo lo que ha llovido, la mayoría de los atletas españoles siguen esa práctica? ¿Quién se salva de las dudas?
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